anexos del útero

Perú: el ministro de Vivienda compra coberturas favorables

Entre diciembre de 2006 y febrero de 2007, tres periódicos en Perú hicieron una cobertura
favorable del Ministerio de Vivienda y Construcción y de su titular, Hernán Garrido Lecca, a
cambio de contratos pagados con fondos destinados a la publicidad oficial, por un valor de
aproximadamente 19 mil nuevos soles por mes, por un total de 57 mil nuevos soles (alrededor
de USD 18 mil). El contrato entre dicho ministro y Montecristo Editores, S.A.C., la empresa
propietaria de los periódicos La Razón, El Men y El Chino, especificaba que los pagos eran en
concepto de “promoción y difusión de las actividades y programas del sector”68.

En efecto, la revisión de estos periódicos durante aquellos meses reveló decenas de
artículos destacando y elogiando los programas del Ministerio de Vivienda. Varias notas y
artículos periodísticos fueron dedicados exclusivamente a promocionar la figura de Garrido
Lecca, en violación de la ley de publicidad oficial sancionada en 2006, que prohíbe expresamente
que los funcionarios aparezcan en los materiales que se publican con fondos de la publicidad
oficial –y que se ha diseñado específicamente para evitar que los ministros y otros funcionarios
se beneficien personalmente de los contratos publicitarios69.

Este ministro también pagó a una empresa dueña de una radio y dos canales de televisión
en Cusco 16 mil nuevos soles (aproximadamente USD 5 mil) para que publicitara un
programa gubernamental de vivienda y brindara cobertura periodística de las actividades del
ministro –incluyendo, tal como se especificó por contrato, su visita a Cusco y sitios aledaños.
Incluso, el Ministerio firmó un contrato similar por el mismo monto con otra emisora de TV
en Cusco70.

Hasta donde sabemos, nadie fue sancionado –ni siquiera investigado– por estos actos,
a pesar de las disposiciones de la ley de publicidad oficial de 2006, que prevé sanciones
administrativas y penales para tales violaciones71. El presidente peruano Alan García respaldó públicamente a Garrido Lecca y disculpó su mal desempeño72. Garrido Lecca no respondió al
pedido de comentarios sobre este caso que le formulamos por escrito.

(pag 45 - 46)

Perú: fondos publicitarios para comprar coberturas favorables a gobiernos locales

Los relatos de múltiples periodistas en Perú indican invariablemente que los funcionarios del
gobierno local utilizan los contratos publicitarios para influir en los contenidos de los medios.
Según un reconocido periodista de la ciudad norteña de Iquitos, en la región de Loreto, que
nos ofreció su testimonio bajo la condición de mantener el anonimato, el gobierno regional
de Loreto y la Municipalidad Provincial de Maynas realizan pagos a periodistas y medios
para comprar coberturas favorables a las instituciones oficiales, más que avisos publicitarios.
Periodistas y representantes de los medios se dirigen a los organismos de gobierno con propuestas verbales o escritas, ofreciéndoles cobertura para sus actividades; la oferta se aprueba
verbalmente, la cobertura se lleva a cabo, y hacia fin de mes los periodistas o representantes
de los medios les preguntan a los organismos oficiales en concepto de qué servicios deben
facturarle al gobierno. Si existió algún comentario crítico o el gobierno considera que la cobertura
fue inadecuada, puede demorar el pago o directamente no efectuarlo. Algunos medios
tales como el periódico Crónicas, que recibe pagos mensuales de 5 mil nuevos soles81 (aproximadamente USD 1.700), publican información que el gobierno provee en forma de comunicados de prensa, que son transcriptos a un formato de artículo y publicados como cobertura periodística82. Ni Iván Vázquez, intendente de la Región de Loreto, ni Salomón Abensur Díaz, alcalde provincial de Maynas, respondieron a los pedidos de comentarios sobre estas prácticas que les formulamos por escrito.

Hasta septiembre de 2007, la periodista televisiva Carolina Arredondo era jefa del
equipo de prensa y conductora de “Hablemos Claro”, en el Canal 2 de la ciudad de Iquitos.
Arredondo nos relató que la emisora la desplazó de ambos puestos y la reubicó en tareas de
movilera (reporteando desde la calle), en respuesta a la presión financiera y política ejercida
por el alcalde de Maynas –que incluyó la cancelación de los pagos mensuales en concepto de
publicidad oficial por un valor de 5 mil nuevos soles– en represalia por la cobertura crítica
que hiciera del modo en que la alcaldía manejó la administración de un basural de la ciudad.
Como resultado, la periodista decidió renunciar a Canal 283. Ni Salomón Abensur Díaz, alcalde
provincial de Maynas, ni Carlos Chávez, director de Canal 2, respondieron a nuestros pedidos
de comentarios sobre este caso.

Un periodista que solía trabajar para el periódico semanal Nueva Visión, publicado en
Chiclayo, una ciudad costera del norte, en la región de Lambayeque, nos refirió:

En Nueva Visión casi no contratábamos publicidad con las instituciones públicas por los condicionamientos que suelen poner los jefes o los funcionarios para que se publique lo que les interesa, inclusive colisionando con la línea editorial del medio. Sucede todo lo contrario con quienes se muestran serviles; se les programa cada mes y se les pagan buenos precios, así no tengan nivel ni repercutan en la opinión pública84.

Según este periodista, Nueva Visión se vio forzado a cerrar, como resultado de las demandas
por difamación iniciadas en su contra por funcionarios públicos. Otro periodista de Chiclayo
nos manifestó:

Los contratos de publicidad oficial favorecen a quienes acepten las condiciones del anunciante; se manejan de acuerdo al apoyo que este encuentra, no importa si es regular o malo. Si el periodista o el medio ponen su línea a disposición, no les faltará el contrato.
A los que no siguen el juego, les puede resultar difícil y hasta imposible. La publicidad
oficial se encarga siempre a los mismos en retribución a su servilismo (…) Un
medio imparcial (…) nunca logrará entrar a la relación ni al presupuesto para publicidad.
Aunque el diario El Ciclón no es santo de mi devoción, reconozco que por denunciar
situaciones muy irregulares, de un momento para otro lo dejaron sin avisaje tanto
la municipalidad de Chiclayo como otras instituciones públicas. También al semanario
Nueva Visión lo sacaron de circulación no sólo con juicios, sino negándole el apoyo con
publicidad85.

En respuesta al pedido de comentarios que le formulamos al alcalde de Chiclayo, Roberto
Torres, un asistente de relaciones públicas nos contestó que la gestión de Torres no utiliza la publicidad oficial como recompensa o castigo. Admitió que otros gobiernos sí lo hacen, y
también reconoció y denunció el retiro de la pauta de El Ciclón86.

Un periodista de la ciudad de Huaraz confirmó que allí las prácticas del gobierno en
materia de publicidad oficial son similares: “La adjudicación de publicidad en los medios es
de forma directa y de palabra, sin contratos ni concursos, y eso lo maneja el encargado de la
oficina de imagen de cada institución. El funcionario va a las oficinas de los periódicos y otros
medios a ofrecer los contratos a cambio de contenidos favorables a sus gestiones”87. El periodista
también describió cómo los funcionarios locales que competían por la reelección en 2006
amenazaron con retirar la publicidad oficial de aquellos medios que los criticaran88.

El presidente de la sede en Huaraz de la Federación de Periodistas de Perú, Javier Poma
Sotelo, confirmó que algunos funcionarios de esa ciudad consideran que los contratos por
publicidad oficial los habilitan a influir en los contenidos editoriales, y que las autoridades
regionales negocian estos contratos para recompensar a los medios a cambio de su silencio
en temas controvertidos.

Ni César Álvarez Gálvez, presidente del gobierno regional de Ancash (donde está ubicada
Huaraz), ni Gregorio Mezarina Paredes, alcalde del Gobierno Distrital de Independencia
(en la provincia de Huaraz) respondieron a nuestros requerimientos por escrito acerca de estas
denuncias. César Bustamante Flores, gerente municipal del Gobierno Provincial de Huaraz,
negó que los funcionarios otorgaran contratos publicitarios a cambio de coberturas periodísticas
favorables y afirmó que si bien no se utilizan procesos competitivos en la adjudicación de
contratos publicitarios, dado que los montos en cuestión son bajos, este modo de proceder no
contradice el ordenamiento legal89. Edgar Caballero Cano, director General Regional de Salud,
manifestó que ningún funcionario relacionado con su ministerio hace uso de la publicidad
para asegurarse coberturas favorables, y que la totalidad de la pauta está sujeta a planificación
anual y se distribuye según los términos de la ley de publicidad oficial de 200690.

(pag. 47 - 48)


Perú: pocas licencias para radios comunitarias
Como resultado de una combinación de distintos factores, que incluyen el requisito de una
elevada inversión financiera y la discrecionalidad del gobierno en el otorgamiento de licencias,
sólo un puñado de radios comunitarias del país ha podido obtener licencias en Perú. La Ley
de Radio y Televisión de 2004 estipula que el viceministro de Comunicaciones del Ministerio
de Transporte y Comunicaciones (MTC) es responsable de adjudicar y revocar las licencias de
radiodifusión282. Según Carlos Rivadeneyra, el representante peruano de la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (AMARC), entre 1980 y 2000 el gobierno peruano adjudicó la mayor
parte de las licencias a emisoras de radio y TV vinculadas al partido político del gobierno. La
administración del autoritario presidente Alberto Fujimori (1990–2000) cerró emisoras que
habían estado funcionando por varios años a la espera de una licencia, para asignar las frecuencias a medios ligados a su gobierno283. Según el MTC, no se han adjudicado nuevas licencias en Lima desde noviembre de 2004 porque no existen frecuencias disponibles284.

En general, los grandes grupos de medios poseen la gran mayoría de las licencias disponibles,
dejando muy poco espacio para medios más independientes. El problema existe
en parte porque el gobierno impone los mismos requisitos técnicos y financieros a una gran
corporación con múltiples transmisoras que a una pequeña emisora de radio local, haciendo
innecesariamente difícil que los medios más pequeños e independientes tengan acceso a las
licencias285. Aunque la nueva Ley de Radio y Televisión estipula específicamente que los medios
comunitarios son elegibles para las licencias, hasta la fecha esta disposición fue ampliamente
incumplida286. De las 269 licencias solicitadas en todo Perú entre junio de 2005 y junio de
2007, solamente seis corresponden a medios comunitarios. Cinco están en proceso y una fue
denegada287.

Jorge Acevedo es el director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), una
red de radios comunitarias y centros de comunicación con sede en Lima. Considera que la
ausencia de licencias para las radios comunitarias “es una especie de combinación entre falta
de voluntad política y desconocimiento para poder evaluar una postulación de una emisora
comunitaria o no comercial. Es decir, la apuesta en ese sentido es darle prioridad a los operadores
comerciales”. Y agrega:

En la práctica, las frecuencias se han convertido en propiedad privada. La ley dice que los plazos de adjudicación son de diez años y que pueden ser renovados si los operadores han cumplido con las normas y sus propuestas siguen siendo mejores que las de los otros medios. Pero en la práctica tenemos operadores que están cuarenta años en radio y televisión y la renovación es automática. Es una cuestión de negociación, de lobby. Es muy difícil que un medio comunitario logre sostener un lobby con el Estado… ganan los que mejor hacen este trabajo288.

En mayo de 2007, el CNR envió una carta al MTC para saber si podían obtener una
licencia para una radio comunitaria en Lima, a lo cual el viceministro respondió que, según el
plan de asignación de licencias del 8 de noviembre de 2004, los 28 permisos disponibles en
Lima ya habían sido asignados. Acevedo señaló que para el 8 de noviembre de 2004 la nueva
Ley de Radio y Televisión ya había sido aprobada, estableciendo la elegibilidad de los medios
comunitarios para recibir licencias. En la actualidad, el CNR ha iniciado acciones legales contra
el MTC. Como señaló Acevedo, “esto lo podemos hacer porque somos una ONG medianamente
importante y con cierto poder”289.

El 24 de mayo de 2006, invocando la Ley de Radio y Televisión de 2004, una organización
católica de Yurimaguas, en el distrito de Barranquilla de la provincia de Lamas, le solicitó
al MTC que concediera una licencia para La Voz de Cainarachi, una radio FM de 1 kilovatio.
El MTC respondió que la solicitud podría ser tenida en cuenta una vez que se hubiera llevado
a cabo un estudio técnico sobre las frecuencias del área, pero no especificó cuándo podría
realizarse dicho estudio290. El MTC nos confirmó que tiene 26 solicitudes que no pueden
ser procesadas por falta de un estudio técnico, pero que no hay ninguna fecha prevista para
ninguno de los estudios a realizarse291. Periodistas de La Voz de Cainarachi sospechan que el
MTC se niega a otorgarles la licencia por razones políticas, porque ellos representan la voz de
los campesinos de la región que a mediados de 2006 protestaron contra la expropiación de
tierras de cultivo llevada a cabo por un empresario y banquero292. Como resultado de nuestra
solicitud formal de información sobre este caso, hemos tomado conocimiento de que el estudio
técnico se completó. La Voz de Cainarachi se encuentra actualmente completando los trámites
de su solicitud.

(pag 82 - 83)

informe completo en
http://www.adc.org.ar/recursos/750/El%20Precio%20del%20Silencio%20Resumen%20Ejecutivo.pdf

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