anexos del útero

IV. EL PROCESO POLÍTICO Y LOS GOBIERNOS
C. El gobierno del Partido Aprista Peruano

89. La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas pertenecientes al Partido Aprista Peruano (PAP), muchas de las cuales fueron autoridades locales que per-manecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de la violencia. La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país.

90. La CVR considera que, al asumir el doctor Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las fuerzas armadas que se venían haciendo desde el período gubernamental previo.

91. Esta política, de respeto a los derechos humanos y de denuncia de las violaciones de los mismos, se expresó, por ejemplo, en las sanciones aplicadas a los jefes militares res-ponsables de la matanza de Accomarca (agosto de 1985). El gobierno buscó así el control civil sobre la acción militar. Creó, asimismo, una Comisión de Paz y llevó adelante iniciativas en el campo de la unificación policial y la creación del Ministerio de Defensa.

92. La CVR considera, sin embargo, que la llamada «masacre de los penales» ocurridas los días 18 y 19 de junio de 1986 en los centros penitenciarios de Lurigancho y El Frontón marcó una inflexión en el esfuerzo del gobierno del PAP por imponer desde el poder civil un nuevo esquema de respeto de los derechos humanos por las fuerzas del orden. La CVR ha constatado que, a partir de los sucesos mencionados, las fuerzas armadas actuaron con mayor autonomía en su actividad contrasubversiva, sin que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo las proveyeran de un marco legal para ello.

93. La CVR encuentra grave responsabilidad política en el gobierno del PAP en relación con estos casos, sin perjuicio de otras responsabilidades individuales que sean determinadas en otras instancias judiciales nacionales o internacionales.

94. La CVR considera el encubrimiento de la matanza de Cayara, ocurrida en mayo de 1988, como paradigmático de la nueva actitud del partido de gobierno frente a la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contrasubversiva. La comisión investigadora conformada en el Senado de la República, presidida por el parlamentario del PAP Carlos Enrique Melgar, dictaminó que la matanza no había ocurrido, mientras que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban lo contrario. El dictamen, no obstante, fue aprobado por la mayoría aprista. Las investigaciones de la CVR confirman la matanza de Cayara y encuentran responsabilidad política en el PAP por colaborar en el encubrimiento de dicha masacre.

95. La CVR ha constatado que el gobierno del PAP puso en marcha un proceso de reorganización de las tres instituciones policiales existentes, atendiendo a reclamaciones sobre la crisis de corrupción e ineficiencia. Ello derivó en lo que más adelante sería la policía nacional. El PAP tuvo un especial interés en controlar a la policía a través del Ministerio del Interior. En el proceso se crearon nuevas unidades como la Dirección de Operaciones Especiales (DOES), preparada para la lucha contrasubversiva y se fortaleió el trabajo de inteligencia contra el terrorismo.

96. La CVR estima que la aguda crisis económica y política que vivió el Perú a partir de 1988 favoreció el desarrollo de las agrupaciones subversivas y la vorágine de violencia. El fracaso del programa económico y el inicio de la hiperinflación llevaron a una situación de grave inestabilidad en el país. Desde el fallido intento de estatización de la banca, el gobierno perdió el respaldo de los grupos empresariales y financieros del país. Las marchas y contramarchas en las políticas económicas agudizaron la tensión social existente, agravada por el colapso de los servicios básicos. El PCP-SL aprovechó esos espacios de descontento para iniciar sus propias marchas de protesta hasta en la misma capital.

97. La CVR ha recogido testimonios que sugieren la existencia de policías vinculados a actividades de escuadrones de la muerte y comandos paramilitares utilizados contra presuntos subversivos. Una serie de sucesos, como la aparición del mal llamado «Comando Rodrigo Franco», el enfrentamiento entre una patrulla del Ejército y una columna del MRTA en el paraje de Los Molinos, el ataque del PCP-SL al puesto policial de Uchiza, la vacancia de cargos municipales en 1989 y el escape de los miembros del MRTA del penal Castro Castro en 1990, entre otros, potenciaron la imagen de desgobierno y caos en el país. Al mismo tiempo, sin embargo, se llevaron a cabo tres elecciones nacionales entre noviembre de 1989 y junio de 1990. El descontento de las fuerzas armadas fue grande, por lo que se produjo inclusive un intento de golpe de Estado. La CVR concluye que, al producirse la crisis, el gobierno perdió el control de la política contrasubversiva, salvo en algunas áreas del trabajo policial que fueron muy exitosas como la del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que, a la postre, rendiría los mayores frutos en cuanto a capturas de líderes subversivos.